El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado el Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera de 2023, que incluye entre sus objetivos controlar que los transportistas trabajen a un precio justo, reforzar la lucha contra la morosidad en el sector y que, en general, los conductores no realicen las labores de carga y descarga de la mercancía.

Tal y como se acordó con los representantes del sector transporte, el nuevo plan “está diseñado para velar por el cumplimiento de las normas aprobadas por el Gobierno con el fin de avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación”, explicaron desde el Ministerio.

Novedades incluidas en el nuevo plan de inspección

El nuevo Plan para 2023, que ya ha sido presentado a la comisión de directores generales de Transporte de las Comunidades Autónomas y del Estado, recoge las líneas generales de las actividades prioritarias que llevarán a cabo las distintas inspecciones (estatales y autonómicas) en el año 2023. Además, adopta medidas estructurales que buscan garantizar la sostenibilidad del sector transporte y corregir asimetrías existentes en el mismo, “garantizando las condiciones laborales adecuadas y la protección social para los conductores”.

De esta manera, y atendiendo a las novedades legislativas, el Plan Nacional de Inspección del Transporte por Carretera de 2023 pretende impedir la carga y descarga por parte de los conductores, así como el control de precio del transporte, que ha de cubrir el coste en los casos del transportista efectivo.

Las reformas también recogen obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista, unas medidas que ayudarían a que los autónomos del sector no trabajen a pérdidas.

Tal y como queda recogido en el nuevo plan, los inspectores mantendrán como uno de sus objetivos principales la lucha contra la competencia desleal que provocan las empresas deslocalizadas, denominadas “empresas buzón”. También se buscará detectar las cooperativas de trabajo asociadas fraudulentas y otras actividades ya contempladas en los anteriores planes de inspección. En este sentido, explicaron desde el Ministerio competente, “se ha reforzado la inspección con medios propios de las Administraciones Públicas para la lucha contra la competencia desleal”.

Por otra parte, y atendiendo a la normativa europea, se continuará controlando la conducción y descanso de las jornadas de los transportistas.

En lo que respecta al transporte de viajeros por carretera, el objetivo principal de la inspección es “controlar el cumplimiento de las condiciones esenciales de las concesiones en los servicios regulares de viajeros, el transporte de escolares y de menores, así como el transporte realizo en vehículos de alquiler con conductor.

Se establece un nuevo régimen sancionador

Una de las grandes novedades incluidas en el Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera de 2023 es el nuevo régimen sancionador, con el que se busca garantizar el cumplimento de las obligaciones anteriores. Para ello, se impondrán sanciones que podrían alcanzar los 4.000 euros.

En este contexto, cabe destacar que en 2021 se modificó la Ley Orgánica del Transporte Terrestre (Lott) pata aplicar un nuevo régimen sancionador a las empresas que paguen a más de 60 días en el sector del transporte por carretera. En este caso, las multas ascenderían a 4.000 euros y podrían llegar a elevarse hasta los 30.000 euros en los casos más graves.

A su vez, según queda reflejado en el nuevo plan para 2023, se han desarrollado nuevas herramientas informáticas que buscan facilitar la actividad inspectora, como por ejemplo nuevos procedimientos telemáticos. Además, se ha puesto en marcha un servicio de buzón de denuncias anónimas para informar de posibles infracciones o incumplimientos, lo que “permite ayudar a que la inspección sea más ágil y efectiva”, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El Plan ha sido elaborado junto con la CNTC

Tal y como se establece en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha elaborado el Plan Nacional en colaboración con las Comunidades Autónomas y los órganos competentes para la vigilancia del transporte en carretera, con la participación del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).

Para la elaboración del nuevo Plan para 2023 se ha trabajado en común con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, además de con las Policías Autonómicas en aquellas comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias de tráfico. Además, para que el sector pudiera hacer llegar sus observaciones al Ministerio, se celebraron varias reuniones con los Departamentos de Mercancías y de Viajeros del Comité Nacional del Transporte Terrestre por Carretera.

En agosto se aprobó la nueva ley del sector del transporte

El pasado 1 de agosto, y tras una intensa negociación entre los profesionales y el Gobierno precedida de un paro patronal que duró 20 días, se aprobó la nueva ley del sector del transporte, cuyo objetivo principal es buscar una rentabilidad mínima de los autónomos del transporte.

En este sentido, las principales medidas acordadas, y que se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar el Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera de 2023, son:

La prohibición de trabajar a pérdidas: se trata de una medida que busca evitar la competencia desleal, que afecta de manera especial a los transportistas autónomos.
La obligatoriedad de recoger los contratos por escrito: además, en los documentos debe figurar el precio del servicio, que siempre debe superior a los costes. 
La prohibición de que los conductores realicen labores de carga y descarga: esta tarea corresponde al cargador, cuyos costes a menudo corren a cargo del cliente. 

Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se comprometió con el CNTC a analizar en un plazo de seis meses, que se cumplirían el próximo mes de febrero, la efectividad de las medidas y su cumplimiento en el sector. 

La nueva Ley de la Cadena del Transporte tiene especial importancia para los trabajadores autónomos, que hasta ese momento se vieron obligados a pactar con sus clientes en condiciones de desigualdad. Cabe destacar que el 29% de los profesionales dedicados a este sector son trabajadores por cuenta propia, tal y como mostraron los datos de afiliación del pasado mes de octubre. 

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